Editorial

Después de la aprobación de la guardia nacional como parte del ejército, el sueño de tener instituciones que actúen con el uso de la ley a favor de la seguridad y la legalidad se aleja cada vez más.

En casi dos décadas no sé pudo crear un modelo de policía eficiente que tuviera controles de investigación e independencia de las fiscalías y que pudiera generar casos para el combate del crimen organizado al estilo del FBI o el Scotland Yard, con total independencia política y judicial con controles internos suficientes, además del liderazgo de mandos policiales de verdad que impulsarán la investigación y no solo acatar la cadena de mando.

Recordemos como operaba la dirección federal de seguridad (DFS), o los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo quienes al amparo del ejército operaron la desaparición de cientos de guerrilleros, también la llamada brigada blanca al mando de Miguel Nazar Haro operando desde el campo militar número 1 con amplía colaboración del ejército, y que decir del llamado GAFE quienes eran oficiales del ejército que manejaban adiestramiento militar en inteligencia, contra inteligencia, explosivos, mimetismo, armamento así como rapel y paracaidismo.

El mando civil después de la llamada guerra sucia fue solo una puesta en escena pues los mandos de las corporaciones federales eran operados por militares como el general Guillermo Álvarez Nahara en la Judicial Federal.

Esta mascarada no tiene otro sentido que mantener el control del ejército en materia de combate al crimen organizado, narcotráfico, cobro de piso, secuestro, robo de combustible, y tráfico de migrantes, lo que garantizará una continuidad a la política de Estado adoptando una cadena de mando militar que nunca será superada, lo que perpetuará la actuación de la guardia nacional como un apéndice de las fuerzas armadas, como una arma más, aunque no con ello se garantiza la recuperación de la paz .

Con esta reforma se optó por entregarle la policía al ejército mexicano, con el objetivo de que se convierta en una policía militar que actúe en el ámbito civil, pero siendo un organismo militar, pareciendose más a la policía china que responde a un régimen militar, más que una policía dependiente del ejecutivo como ocurre con la Sûreté Nationale en Francia.

Sin duda, el que los jueces y magistrados sean nombrados por una elección disfrazada de un proceso democrático, al final podría acabar con la independencia del poder judicial poniendo en riesgo la solvencia jurídica del Estado Mexicano.

Estos nuevos jueces y magistrados
que responderán más a votantes y partidos que a la aplicación de la ley, por tanto pavimenta el camino para disminuir las libertades de la población.

No decimos que así será, para ello se necesitaría acabar con cada luchador social, cada medio de comunicación crítico e incluso acabar con la poca oposición del país y las policías estatales.

Pero el camino está pavimentado, y habrá que decirlo lo pavimentó Morena, como un instrumento político para legitimar un régimen con todos los elementos para claudicar en el uso de las libertades y perfilarse en una dictadura imperfecta.

Imperfecta si, no como la planteada por el escritor Mario Vargas Llosa sino mas bien con reglas propias de una dictadura; en primer orden porque no existe diálogo con otros que no piensan como ellos, no se cruza palabra ni se discute idea alguna, se culpa al pasado de lo malo del pasado, del presente y del futuro, no se habla con la oposición. así sean partidos, sociedad civil, empleados del poder judicial, jueces o incluso gobernadores.

Sin embargo, es imperfecta porque se utiliza una fuerza gravitatoria distinta para aquellos que no aceptan una realidad de fantasía, es decir que existe una justicia selectiva con los miembros de su partido, empero a quienes pelean los aplastan, se imponen, se burlan de ellos y echan a perder la posibilidad de incluir en toda la justicia a la gente.

El menosprecio es total, nadie tiene la más remota idea de hacer cambios sino se hacen por su via, por ello es lo riesgoso de que tengan un poder extra limitado en materia constitucional, sería distinto si se hiciera por la via del diálogo y se tuvieran las credenciales de conciliación, además que estas dieran la posibilidad de incluir a los grupos vulnerables, a las víctimas, a los empresarios, a los emprendedores, a los deportistas, a los niños quienes finalmente deben de estar por encima incluso del propio presidente.

Y aunque no les importa mucho la ley, tampoco hacen caso a indicadores económicos, sociales, científicos y menos aún son incluyentes con los grupos minoritarios, como artistas, intelectuales y menos aun a los periodistas si no son afines a su discurso.

Son una clase política déspota que despoja de la voluntad a la gente, encarnando una representación de la república de la que tantos años se quejaron, se perfilan ahora como una clase económica pudiente, e hipócrita con propiedades lujosas, como Rocio Nalhe.

Plenipotenciarios y ocurrentes como Cuitlahuac García, improvisados y elocuentes como la ministra Lenia Batres, limitados como Delfina Gómez, caracterizados como Cuahutémoc Blanco, gatopardistas como Sergio Mayer, impulsivos como Layda Sansores con su hora del jaguar.

Llenos de contradicciones como Adán Augusto López, o con la inclusión familiar y nepotismo de Monreal, tal y como Bertha Luján o tan carnal como la ministra Jazmín Esquivel de Rioboo.

En fin está clase política displicente que contrasta con un discurso de caricatura, el cuál cuando se contrasta con la realidad nos deja ver que ante el rumbo trazado podríamos ir directo al precipicio.

Pero no un precipicio cualquiera, sino uno donde la razón y el diálogo estarán acotados por su discurso transformador o por la acción de la guardia nacional, que con esta naturaleza no le rinde cuenta a los mexicanos sino a los mandos militares.

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